Oficializan designación del nuevo superintendente de la Sunedu en medio de tensiones políticas

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) oficializó este lunes la designación de Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente, formalizando un cambio en la conducción del ente encargado de supervisar el sistema universitario peruano.

PERFIL DEL NUEVO SUPERINTENDENTE

Espinoza Santillán es doctor en Derecho, maestro en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional, y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta además con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. En su trayectoria profesional ha ocupado cargos vinculados al ejercicio gremial y a la gestión pública.

Entre sus funciones previas, fue presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y, antes de asumir la jefatura de la Sunedu, se desempeñaba como representante del Ministerio de Educación en el Consejo Directivo de la institución. Según informó la Sunedu, la designación busca reforzar el funcionamiento del organismo y garantizar la continuidad de una gestión orientada a la mejora del servicio educativo universitario.

REACCIONES Y CONTEXTO DEL NOMBRAMIENTO

La elección del nuevo superintendente se produjo tras la renuncia de Manuel Castillo Venegas y en un escenario marcado por discrepancias dentro del Consejo Directivo, donde también se evaluaron otras candidaturas, incluida la de Susana Edita Paredes Díaz, superintendenta interina y militante de Alianza para el Progreso.

Diversas voces del sector universitario reaccionaron al nombramiento. La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) expresó su rechazo y advirtió que el proceso se habría realizado sin la participación efectiva de los representantes de las universidades públicas, cuya incorporación al Consejo Directivo está prevista para febrero de 2026.

En un pronunciamiento público, la AUNAP cuestionó la celeridad de la elección y anunció que desconocerá cualquier designación que no cuente con la intervención de los representantes legítimos del sistema universitario público y de los colegios profesionales. Asimismo, exhortó al Ejecutivo, al primer ministro y a las autoridades del Concytec a pronunciarse, señalando que el silencio institucional podría afectar la credibilidad del Estado frente a la comunidad universitaria.