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En un esfuerzo por combatir la destrucción ambiental, el juez superior penal Omar Ahomed Chávez detalla que en el Código Penal peruano se establece que la tala, quema y destrucción de bosques y otros recursos naturales tiene penas entre cuatro a seis años de cárcel, con circunstancias agravantes que pueden extender la condena hasta los doce años.

“En este caso se tiene que dar los siguientes supuestos: una tala que no esté autorizada o una quema indebida, que esté afectando un bosque o una reservación de bosques y, por último, se advierta que se está causando un daño que trascienda más allá de los daños establecidos o tolerados conforme la ley de la materia”, explicó.

Modalidades de delitos ambientales

Chávez resalta que la legislación tiene dos modalidades agravadas bajo el artículo 310 del Código Penal. La primera, impone de ocho a diez años de prisión cuando los delitos involucran a funcionarios públicos o afectan áreas protegidas habitadas por comunidades indígenas. La segunda, eleva la pena a entre diez y doce años si los delitos son cometidos por dos o más personas, implican a organizaciones criminales, o resultan en lesiones graves o la muerte.

Reparación civil y consecuencias

Además de la pena privativa de libertad, se pueden imponer significativas sumas monetarias como reparación civil a los responsables de estos ilícitos, tomando en cuenta no solo las pérdidas humanas sino también el daño extendido a la fauna silvestre y los cultivos, considerados daños colectivos por su impacto en comunidades enteras.

Impacto y medidas adicionales

Con estas medidas, el sistema judicial peruano busca no solo castigar sino también prevenir futuras transgresiones que amenacen la integridad del ecosistema y la salud pública. Estas acciones se alinean con un movimiento global más amplio hacia la protección y conservación ambiental, reconociendo la importancia de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

“Esto no solo afecta la vida de la persona, sino que también puede dañar la fauna silvestre y esto conllevará a que se debe tomar en cuenta la trascendencia del daño al ambiente, de cultivos, que es considerado un daño colectivo”, finalizó.