La polémica Ley 3211 no solo eliminó la detención preliminar, sino que también permite a condenados por delitos graves mayores de 80 años solicitar el arresto domiciliario.
El Gobierno mantiene en análisis la autógrafa de ley que busca restituir la figura de la detención preliminar sin flagrancia en el Código Penal, herramienta crucial para combatir la delincuencia organizada. A pesar de las críticas por los efectos negativos de su eliminación, el Ejecutivo aún no publica el documento.
Desde el Gobierno, aseguran que están dentro de los plazos legales para evaluar la norma. “Estamos realizando un exhaustivo análisis para determinar lo que corresponde. Puede estar segura de que nos pronunciaremos dentro del plazo de ley”, señaló el premier Gustavo Adrianzén.
FAVORECIÓ A VOCERO
Uno de los puntos polémicos es que figuras como Fredy Hinojosa, vocero presidencial e investigado por presuntos actos ilícitos, se beneficiaron con la eliminación de esta medida. El titular de la PCM cuestionó la necesidad de aplicar la detención preliminar en casos donde el investigado colabora con las autoridades. “Si alguien colabora y se allana, no vemos la necesidad de llegar a esto”, indicó.
La polémica Ley 32181 no solo eliminó la detención preliminar, sino que también permite a condenados por delitos graves mayores de 80 años solicitar el arresto domiciliario. Según declaraciones del Ejecutivo, la ley tiene un carácter humanitario, pero se analiza su compatibilidad con otras normas para evitar que se convierta en una vía de escape para delitos graves.
“El propósito de esta norma es humanitario, pero falta coordinar su aplicación en casos específicos para garantizar que no contradiga otras leyes especiales”, precisó Adrianzén.
PRÓFUGOS Y EXTRADICCIONES
El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, cumplirá un mes como prófugo de la justicia, pese a la orden de prisión preventiva en su contra por 36 meses. Sobre su captura, el premier afirmó que “no forma parte del Ejecutivo ni toma decisiones dentro del Gobierno. Confiamos en el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia”.
Además, durante la conferencia, el Ejecutivo anunció la aprobación de un proyecto para solicitar la extradición de la ex primera dama Eliane Karp desde Israel, quien está involucrada en el caso Ecoteva.