Carlos Castillo Rafael, coordinador del Centro de Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explicó que dicho programa ayuda a la gente a tener pronto acceso y con menor costo a la justicia, con el fin de evitar un proceso judicial. Además, resaltó que la decisión del árbitro es inapelable, al igual que la sentencia de un juez. Trascendió, que se atienden casos como desalojos, incumplimiento de contratos, entre otros, los cuales son resueltos en 6 a 7 meses.
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