El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, negó que la institución haya orientado la compra de cámaras de videovigilancia para buses a favor del empresario chino Zhihua Yang, en el marco del caso conocido como Chifagate.
En entrevista con Panamericana Noticias, Hernández explicó que el proceso contempla la instalación de cinco cámaras por unidad en 8 mil vehículos, con un presupuesto de 112 millones de soles. El sistema permitirá transmisión en tiempo real, geolocalización vía GPS y alertas directas para casos de riesgo.
Según indicó, Zhihua Yang no figura en el proceso. Afirmó que ni el empresario ni empresas vinculadas a él realizaron consultas, presentaron cotizaciones o participaron en la licitación pública. “Ese ciudadano no existe dentro de este procedimiento”, sostuvo.
Las sospechas surgieron tras declaraciones del exministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval, quien señaló presuntas irregularidades y citó informes de la Contraloría General de la República. Hernández rechazó esas afirmaciones. Precisó que el informe mencionado no lo involucra y que, por el contrario, identifica con nombre y apellido a las áreas responsables de irregularidades detectadas en contratos anteriores, correspondientes al año 2023.
Añadió que fue la propia ATU la que denunció la existencia de cartas fianza falsas, tras un arqueo realizado por la tesorería de la institución. “El informe concluye que yo debía sancionar, no que yo estuviera implicado”, señaló.
Sobre su salida y retorno a la ATU
El titular de la entidad aclaró que no fue destituido, sino que presentó su renuncia al cargo. Negó, además, haber recibido respaldo político del presidente José Jerí para mantenerse en funciones.
Indicó que su retorno respondió a criterios técnicos y a la continuidad de decisiones pendientes en materia de transporte público, como contratos y títulos habilitantes. “No conozco al empresario ni tengo vínculos políticos. Mi rol ha sido estrictamente técnico”, afirmó.
Finalmente, anunció que inició acciones legales contra Sandoval por presuntamente difundir información falsa. Reiteró que el proceso de compra de cámaras es público, transparente y verificable en la plataforma institucional de la ATU.