Con 71 votos a favor, el Congreso de la República inhabilitó por diez años a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en una sesión marcada por tensiones y advertencias. Espinoza acudió al Parlamento y aseguró que, de concretarse la sanción, los legisladores estarían incurriendo en delitos. “Así sea inhabilitada, yo voy a seguir haciendo valer mis derechos, pero van a haber consecuencias… legales”, afirmó, acusando al Congreso de imputarle hechos que, según dijo, nunca cometió.
El informe aprobado por la Comisión Permanente concluyó que Espinoza ratificó un reglamento del Ministerio Público que contradecía una norma del Legislativo que otorgaba a la Policía Nacional la conducción de investigaciones preliminares. Para el congresista Jaime Quito, de la bancada socialista, este argumento no es más que “una excusa” para retirarla del cargo. “Lo que no podemos permitir es que se siga haciendo venganza política”, señaló, acusando al Congreso de buscar el control del Ministerio Público.
En contraste, el legislador Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, sostuvo que Espinoza emprendió una “campaña de denuncias” contra los parlamentarios durante su gestión. Afirmó que estas se presentaron incluso en contra de lo que establece la ley. “Denunció por cualquier cosa, incluso por denuncias anónimas… había una animadversión clara contra el Congreso”, manifestó durante el debate.
PERSECUCIÓN POLÍTICA
Espinoza, por su parte, insistió en que es víctima de una persecución política y que quienes la cuestionan forman parte de “la delincuencia que la ha perseguido”. La inhabilitación finalmente se aprobó tras un pedido de reconsideración planteado por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, luego de que en la sesión de la mañana no se alcanzaran los 68 votos necesarios. Tras varias horas de espera y con más legisladores presentes, la votación fue repetida y la sanción prosperó.