Presidente encargado José María Balcázar afrontará audiencia por reparación civil de S/ 300 mil
El Poder Judicial evaluará el 16 de junio si corresponde el pago al Colegio de Abogados de Lambayeque por hechos vinculados a su gestión como decano.
El Poder Judicial evaluará el 16 de junio si corresponde el pago al Colegio de Abogados de Lambayeque por hechos vinculados a su gestión como decano.
El presidente encargado de la República, José María Balcázar, fue convocado por el Poder Judicial a una audiencia programada para el próximo 16 de junio, en el marco de un proceso vinculado a su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. En dicha diligencia se evaluará exclusivamente el pago de una reparación civil ascendente a 300 000 soles a favor de la orden profesional, tras una acusación por presunta apropiación ilícita.
La investigación se remonta al periodo 2019–2020, cuando Balcázar estuvo al frente del colegio profesional. Según la imputación fiscal, durante su gestión se habrían abierto dos cuentas bancarias a título personal en la Caja Trujillo, a las cuales se habría dispuesto que ingresen los aportes de los agremiados, pagos por colegiaturas y recursos provenientes de un diplomado en derecho penal y procesal penal. Estas decisiones, de acuerdo con el expediente, se habrían adoptado en medio de discrepancias con integrantes del consejo directivo.
Audiencia definirá solo eventual reparación civil
El proceso penal por el presunto delito de apropiación ilícita no continuará en el ámbito sancionador, debido a que la acción penal fue declarada prescrita. La defensa del mandatario dedujo oportunamente una excepción de prescripción, la cual fue estimada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria en mayo de 2025. En consecuencia, el juzgado dispuso sanear la acusación fiscal y emitir auto de enjuiciamiento únicamente respecto al extremo civil, es decir, para determinar si corresponde o no el resarcimiento económico solicitado.
Respecto a la obligación de asistir a la audiencia, se ha señalado que, en su condición de presidente encargado, resultaría materialmente inviable imponerle medidas de coerción o apercibimiento mientras ejerza el cargo, conforme a criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. La diligencia ha sido fijada bajo la modalidad de videoconferencia y su desarrollo definirá si procede el pago de la suma reclamada por el Colegio de Abogados de Lambayeque.
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