Delincuentes quedan libres por falta de denuncias

Una nueva liberación volvió a generar indignación entre vecinos y autoridades. Esta vez, un sujeto fue intervenido por la Policía Nacional pese a no ser su primera detención y registrar antecedentes, además de una requisitoria vigente (RQ). Sin embargo, horas después quedó en libertad, situación que vuelve a poner en debate por qué personas con amplio historial policial siguen delinquiendo en las calles, a pesar de ser capturadas reiteradamente.

El caso se suma a otros similares registrados en los últimos meses. En uno de ellos, dos sujetos fueron detenidos tras el robo de un celular valorizado en más de 5 mil soles, pero la Fiscalía dispuso su liberación. Según la PNP, uno de los implicados fue detenido hasta en seis ocasiones, mientras que su acompañante registra al menos tres intervenciones policiales. Ambos quedaron libres y, de acuerdo con el comisario a cargo —quien expresó su indignación—, uno de ellos incluso regresó a la dependencia policial para recoger sus pertenencias, en un acto considerado una burla a la autoridad.

Reportajes periodísticos también evidencian que no es la primera vez que estos sujetos escapan o salen de una comisaría, e incluso se han difundido casos donde un fiscal llegó a romper un acta policial, lo que derivó en la liberación inmediata de los detenidos, pese a existir videos de cámaras de seguridad como prueba. Estos hechos han alimentado la percepción ciudadana de impunidad y un sistema que no logra frenar la reincidencia.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Al respecto, la abogada penalista Jackeline López explicó que estas liberaciones no son ilegales, ya que en el sistema peruano prima el principio de presunción de inocencia. Para que un proceso prospere se requiere identificar a la víctima, acreditar la preexistencia del bien robado y que la denuncia sea ratificada; de lo contrario, incluso con videos, el caso se debilita. Según el INPE, el robo agravado es el delito con mayor población penitenciaria, con cerca de 300 denuncias diarias, mientras que el INEI revela que más del 80 % de víctimas no denuncia, lo que refuerza el círculo de impunidad y deja en evidencia que el problema no solo está en la ley, sino en cómo y quiénes la aplican.