Botar basura a los ríos será castigado hasta con 6 años de cárcel
La norma sanciona con penas de 2 a 4 años de prisión a quienes pongan en riesgo la vida o la salud de las personas mediante esta práctica contaminante.

La norma sanciona con penas de 2 a 4 años de prisión a quienes pongan en riesgo la vida o la salud de las personas mediante esta práctica contaminante.
¡Se acabó la impunidad! Ahora, quienes arrojen basura en ríos, quebradas o cualquier cauce natural podrán ser castigados con pena de cárcel. Así lo establece la Ley 32523, publicada en Normas Legales del diario oficial El Peruano, que incorpora al Código Penal el nuevo delito de peligro por arrojo indebido de residuos sólidos. La norma sanciona con penas de 2 a 4 años de prisión a quienes pongan en riesgo la vida o la salud de las personas mediante esta práctica contaminante.
SANCIONES SEVERAS
La ley también contempla sanciones más severas: la pena se eleva a entre 4 y 6 años cuando el delito se comete utilizando camiones o maquinaria pesada, o cuando la acción causa daños a la infraestructura pública. Con esta modificación, el Estado busca frenar conductas que durante años han degradado ecosistemas y afectado a miles de ciudadanos. Vecinos consultados respaldaron la medida y destacaron que muchos de estos actos ocurren de noche, aprovechando la falta de vigilancia.
El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), José Musayón, saludó la aprobación de la norma y afirmó que permitirá imponer sanciones más severas para detener “esta mala praxis” que contamina los ríos del país. Musayón detalló que se reforzará la articulación con municipalidades y la Fiscalía para identificar a los responsables. Además, reveló que cerca del 80% del tramo del río Rímac, que alcanza 174 kilómetros, presenta acumulación de basura.
Con la nueva ley, los técnicos de la ANA tendrán la potestad de identificar a quienes arrojen residuos, registrar pruebas y denunciar directamente ante la Fiscalía. De esta manera, arrojar basura a los ríos pasa a ser un delito con penas de hasta seis años de cárcel, una medida que busca fortalecer la protección ambiental y salvaguardar la salud pública frente al depósito ilegal de desechos en cauces natural.