Varios funcionarios con militancia partidaria ocupan cargos de jefatura dentro del Congreso, pese a tratarse de áreas que deberían operar con independencia política.
El Congreso de la República atraviesa nuevas críticas por la presunta politización de sus áreas técnicas. Oficinas que deberían garantizar neutralidad administrativa se encuentran actualmente bajo el mando de militantes activos de distintos partidos, entre ellos Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), cuyas figuras más visibles incluso planean postular en los próximos comicios.
¿QUÉ PARTIDO TIENE MAYOR PRESENCIA INSTITUCIONAL?
Según una investigación de La República, cinco de las once oficinas clave del Parlamento se encuentran encabezadas por militantes de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori. Entre ellas figuran la Dirección General Parlamentaria, el Fondo Editorial, la Oficina de Participación Ciudadana, el Departamento de Comisiones y el Departamento de Redacción del Diario de los Debates.
Dos de sus representantes, Jaime Abensur y Karina Beteta, han sido señalados por mantener una doble agenda institucional y política. Abensur, director general parlamentario, fue cuestionado por permitir el uso de una cámara del Congreso durante un mitin fujimorista, mientras Beteta, actual jefa del Fondo Editorial, impulsa materiales institucionales criticados por su sesgo ideológico. Ambos ya preparan su postulación a la Cámara de Diputados 2026.
APP Y OTROS PARTIDOS EN LA ESTRUCTURA CONGRESAL
Según el informe, además de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) también posee militantes en puestos estratégicos del Congreso. Marisol Espinoza, jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, y Pedro Gerardo Rejas Tataje, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, forman parte del grupo de funcionarios que combina su rol técnico con vínculos políticos.
La lista también incluye representantes de Perú Libre, Acción Popular y Somos Perú, como Carina Palacios Quincho (Cooperación Internacional), Diego Palacios Sánchez (Calidad Legislativa) y Alexandro Fernández Garibay (Administración del Congreso). Estas designaciones refuerzan el debate sobre el uso partidario del aparato estatal y la pérdida de independencia en la gestión parlamentaria.
DEBATE SOBRE LA NEUTRALIDAD DEL CONGRESO
Especialistas en gestión pública advierten que la presencia de militantes activos en oficinas técnicas puede comprometer la imparcialidad y transparencia institucional. Mientras algunos de estos funcionarios se preparan para campañas electorales, el Congreso continúa sin establecer filtros claros que garanticen la separación entre labor administrativa y militancia política, una línea cada vez más difusa dentro del aparato estatal.