Romero estaba acusado de haber solicitado al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, que consiga la designación de un grupo de administradores judiciales en la empresa Hayduk, a fin de que ésta pueda garantizar el pago de una deuda que tenía con la entidad bancaria en 1999.
En su dictamen, la Tercera Sala Anticorrupción declaró prescrito el proceso seguido a Romero porque ya ha transcurrido el plazo máximo de 6 años que establece la ley para procesar al empresario por tráfico de influencias.
La Procuraduría Anticorrupción solicitará la nulidad de resolución de prescripción emitida por el tribunal, el pasado 31 de octubre, al concluir que el delito que se imputa al banquero recién prescribe en el 2008.
