Fiscalía denuncia constitucionalmente al congresista Darwin Espinoza por presunto

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista Darwin Espinoza por la presunta comisión de delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado.

La acusación señala que Espinoza habría utilizado recursos y personal de su despacho parlamentario para actividades relacionadas con su movimiento político regional Adelante Áncash.

ABUSO DE RECURSOS PÚBLICOS

Según el comunicado de la Fiscalía, Darwin Espinoza, quien ingresó al Congreso representando a Acción Popular y ahora pertenece a Podemos Perú, habría obligado a los trabajadores de su despacho a realizar aportes económicos para financiar actividades políticas y la recolección de firmas en diversas provincias de Áncash.

Además, se le acusa de haber utilizado fondos públicos para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentación durante estas actividades, así como de disponer de instrumentos asignados al servicio parlamentario, como equipos de impresión y acceso al sistema de consultas en línea del Reniec, para fines ajenos a su función legislativa.

PERSONAL CONGRESAL EN ACTIVIDADES POLÍTICAS

La denuncia también detalla que Espinoza habría involucrado a siete trabajadores del Congreso en tareas directamente relacionadas con la inscripción de su movimiento regional, desviando sus labores oficiales hacia actividades políticas. Este uso indebido de recursos humanos y materiales asignados al Parlamento representa, según la Fiscalía, una clara violación de la normativa vigente.

Con esta acusación, la Fiscalía de la Nación ha presentado 22 denuncias constitucionales pendientes ante el Congreso, instando a que sean procesadas en los plazos establecidos. “Exhortamos al Parlamento a tramitar estas denuncias con celeridad, respetando los reglamentos establecidos para este tipo de casos”, enfatizó la institución.

Espinoza no es el único parlamentario bajo la lupa por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, este caso resalta debido a la naturaleza del presunto abuso: desviar recursos del Estado para fines personales y políticos, lo que podría acarrear sanciones tanto penales como políticas si se demuestra su responsabilidad.