En medio de la tensión política generada tras la jornada electoral y los llamados a movilizaciones en diversas regiones del país, el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó que las fuerzas del orden garantizarán la seguridad de los ciudadanos, la protección de la infraestructura pública y privada, así como el respeto al orden democrático mientras se esperan los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Durante una entrevista con Milagros Leiva, Arriola fue consultado sobre las convocatorias a una presunta “toma de Lima” y las amenazas de sectores radicales de desconocer los resultados electorales. Frente a ello, sostuvo que la Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado, mantendrán las acciones necesarias para preservar la tranquilidad del país. “Estamos garantizando la seguridad de los 34 millones de peruanos, de la infraestructura, de la tranquilidad y la paz”, declaró.
El alto mando policial precisó que la institución respetará los derechos constitucionales de reunión, movilización y libertad de expresión, pero advirtió que cualquier manifestación que derive en actos violentos será intervenida conforme a ley. “Si es que hay personas que alteran este orden público, que generan violencia en contra de personas, por supuesto que vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”, señaló, remarcando que no se permitirá que se afecte a terceros ni al patrimonio público o privado.
Arriola también recordó que la Policía ha participado en la seguridad de los procesos electorales de primera y segunda vuelta, y destacó la coordinación permanente con otras entidades del Estado. En ese sentido, reiteró que los efectivos policiales han sido capacitados en derechos humanos y protocolos internacionales para el uso gradual de la fuerza. “No podemos hacer un pasadizo para que pasen e incendien Congreso o Palacio”, afirmó.
INVESTIGACIÓN POR CÉDULAS ELECTORALES MARCADAS
Otro de los temas centrales fue la revelación de presuntas irregularidades detectadas durante la jornada electoral. Según información policial, se registraron 2.985 cédulas electorales dañadas en distintas regiones del país, incluyendo Lima, Arequipa, Ica, Amazonas, Áncash, Ucayali y otras jurisdicciones. Además, se reportaron 47 personas detenidas, entre ellas miembros de mesa y funcionarios que actualmente son investigados por presuntos delitos contra la voluntad popular.
Sobre estos hechos, el general Arriola confirmó que existe una investigación en curso liderada por el Ministerio Público. “Hay una investigación que se viene realizando en varios lugares por este delito contra la voluntad popular ante el hallazgo de estas cédulas que tienen un trazo para invalidar el voto”, explicó. Asimismo, destacó la rápida intervención policial que permitió detectar los casos en diferentes puntos del país y aseguró que las pesquisas continúan bajo estricta reserva.
El jefe policial evitó adelantar conclusiones sobre una eventual organización detrás de estos hechos y pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones. “Llamamos también a la cordura, a la espera del resultado de las investigaciones. No estamos en condiciones de estar entre instituciones o especulando cuando no se tengan los resultados de esta investigación”, sostuvo.
Finalmente, defendió el trabajo del Ministerio Público y rechazó que las acciones de algunos funcionarios involucrados puedan comprometer la imagen de toda la institución: “El Ministerio Público es un título tan grande y honorable como lo es la Policía Nacional del Perú y por uno o dos, no vamos a manchar la institución por el amor de Dios”.