La Contraloría ha determinado que 10 funcionarios de la ONPE podrían ser procesados por delitos penales y faltas administrativas, según una investigación difundida en un informe periodístico. Entre los implicados figura Piero Corvetto.
Pese a las observaciones, algunos de los investigados continúan desempeñando funciones dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, incluso en áreas vinculadas a la organización de procesos electorales. La Contraloría señala que ya se ha iniciado una investigación fiscal.
Entre los funcionarios mencionados figuran Lilia Flores Bancho, Juan Pan, William Martín García, José Dilberto Samamébla, además de Roberto Montenegro y Yubilar Aguilar, quienes enfrentan investigaciones por presuntos delitos como cohecho y organización criminal.
La Fiscalía deberá determinar si existieron actos de colusión o favorecimiento indebido en contrataciones, lo que podría configurar delitos de corrupción. La investigación preliminar tiene un plazo de ocho meses y podría ampliarse a 36 meses si el caso es declarado complejo.