La reciente decisión de la Corte Suprema de Brasil de invalidar pruebas del caso Odebrecht no alterará de forma sustancial la situación judicial de Nadine Heredia en Perú, según explicó la abogada penalista Romy Chang. Aunque el fallo brasileño dejó sin efecto el uso de los servidores My Web Day —base de los llamados “codinomes” que detallaban pagos ilícitos—, en el Perú el proceso de colaboración judicial con Brasil ya se encuentra suspendido. Por ello, las pruebas anuladas en ese país no tendrían validez ni impacto en las sentencias emitidas por el Poder Judicial peruano.
El fiscal Jaime Juárez Atocha coincidió con esa postura y remarcó que las pruebas peruanas van más allá de la información remitida desde Brasil. Mencionó, entre ellas, interceptaciones telefónicas y las agendas de la propia Nadine Heredia, documentos que sirvieron para sustentar la condena de 15 años de prisión en su contra. Sin embargo, la ex primera dama continúa asilada en Brasil bajo la protección diplomática del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que impide cualquier intento de extradición mientras el mandatario permanezca en el cargo.
El caso Vizcarra entra a la fase final del juicio
Paralelamente, el juicio contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de cohecho cuando era gobernador de Moquegua ha llegado a su tramo final. La Fiscalía sostiene que el exmandatario recibió sobornos superiores a dos millones de soles a cambio de adjudicar obras públicas y ha solicitado 15 años de prisión. Este jueves 13 de noviembre se iniciarán los alegatos de clausura, en los que tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus conclusiones. Vizcarra, quien ha asistido puntualmente a todas las audiencias, podrá ejercer su derecho a declarar antes del fallo.
Según estimó la abogada Chang, el tribunal podría emitir sentencia antes de que finalice el año. En caso de una condena, el Poder Judicial deberá decidir si ordena su encarcelamiento inmediato o si permite que espere en libertad hasta la resolución de su apelación. Pese a su buena conducta procesal, el escenario judicial del exmandatario es complejo, pues las pruebas y testimonios reunidos por la Fiscalía lo colocan en una posición difícil.