Las presuntas irregularidades de las que hace dos meses Perú.21 hizo eco, sobre el manejo administrativo del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), quedaron corroboradas.
Mediante una acción rápida de control, la Contraloría General de la República verificó las contrataciones, adquisiciones y gastos por concepto de ‘Representación’ realizadas por el directorio a cargo de Carlos Manrique Negrón, y sus hallazgos evidencian puntos para tomar en cuenta.
Desde su ingreso a IRTP como presidente del directorio, Manrique utilizó S/.28,724.80 por concepto de gastos de representación, que se traducen en costos de alimentos e invitaciones, que reconoció.
El documento – al que este diario tuvo acceso – precisa que “entre los gastos de alimentación efectuados se incluyó la compra de comestibles en diversos establecimientos, advirtiéndose que en la parte posterior de cada comprobante de pago no se consignó si los gastos fueron para labores fuera de la jornada habitual de trabajo”, con lo que no se puede corroborar la veracidad de la justificación dada por el directivo de IRTP.
Asimismo, se detalla que “no se han establecido procedimientos para los gastos de representación correspondientes a reuniones fuera de las instalaciones de IRTP”, es decir, estos no formarían parte de los autorizados o contemplados en el presupuesto.
Respecto a la contratación de los asesores asignados al directorio de IRTP, la evaluación hecha halló que “las doce contrataciones (de asesores) se efectuaron bajo la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía, habiéndose determinado deficiencias en el otorgamiento de la conformidad del servicio”, así como en el proceso de evaluación de los contratados.
A renglón seguido, se precisa que “se advirtió el reconocimiento de de-sembolsos (pagos) por servicios prestados por nueve locadores sin previo proceso de selección y en fecha anterior a la de su contratación”.
También se indica que las remuneraciones de estos asesores – que fueron luego reducidos a seis a cargo de la presidencia – exceden los seis mil soles que sindicaba la denuncia, aunque esto último no transgrede las normas.
Finalmente, se corrobora que la contratación de los locadores transgredió los procedimientos establecidos.
Así, se establece que “las solicitudes de cotización de servicio solo fueron dirigidas a una persona, que resultó ser la misma que, posteriormente, resulta adjudicada con la buena pro, sin acreditar las indagaciones o estudios efectuados para sustentar que el importe pactado por los servicios es acorde con los ofrecidos”.
La Contraloría desestimó la denuncia del parlamentario José Maslucán (PNP) sobre la compra sobrevaluada de cintas de video. Este diario quiso recoger la versión de Manrique Negrón, pero no fue posible establecer un contacto más allá de su secretaria.
