Que un particular sea estafado, lamentablemente no es un hecho excepcional hoy en día, pero que esto pase con el Estado y que este no haga nada por remediarlo no deja de ser solo insólito, sino también frustrante. Eso es lo que ocurre en Iquitos, donde durante el Gobierno aprista, se contrató a un cuestionado consorcio para la construcción de un penal. Se pagó una millonaria suma, y ¿qué hizo el consorcio?, abandonar la obra a medio hacer y no pasa nada.
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