En los últimos días, la defensa legal de Betssy Chávez solicitó al Gobierno encabezado por José María Balcázar el otorgamiento de un salvoconducto, pedido que ha generado diversas opiniones entre especialistas. Uno de ellos fue el excanciller Javier González-Olaechea, quien se pronunció sobre la situación de la expremier investigada por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Chávez Chino no puede ser considerada una perseguida política, debido a que, según indicó, no ha sido objeto de un hostigamiento permanente por parte de las autoridades judiciales del país.
Asimismo, señaló que un eventual deterioro en el estado de salud de la exintegrante del Gobierno de Pedro Castillo no constituye por sí solo una condición para concederle el salvoconducto. Añadió que los documentos médicos presentados deben ser verificados por las autoridades correspondientes.
“Que quede claro que no es una perseguida política. La Convención de Caracas prevé dos posibilidades. La condición de asilada la califica el país que le concede el asilo (…) Le corresponde al Ejecutivo otorgarle o no el salvoconducto. Nadie le puede exigir al presidente el otorgamiento del salvoconducto. Un mal estado de salud no es una condición para otorgar el salvoconducto. Se deben adjuntar documentos fehacientes. En algunos casos ocurre que los certificados médicos son fraguados”, manifestó.
¿Deberían otorgarle una gracia presidencial a Pedro Castillo?
Al ser consultado sobre la posibilidad de conceder un indulto o una gracia presidencial a Pedro Castillo, González-Olaechea afirmó que los dirigentes vinculados al exmandatario todavía no reconocen que el 7 de diciembre de 2022 se intentó vulnerar el orden constitucional.
El excanciller sostuvo que una eventual decisión sobre la situación legal del expresidente dependería del mandatario José María Balcázar o de Keiko Fujimori, próxima a jurar como presidenta del Perú.
“Hay una suerte de negación por parte de los dirigentes del partido, comenzando por Roberto Sánchez, de no reconocer la realidad (…) La opinión de la ONU no es derecho para solicitar la libertad del señor Castillo. Se está considerando otorgarle una gracia presidencial y no un indulto, lo cual le corresponde al presidente Balcázar o a la señora Fujimori”, mencionó.
Finalmente, González-Olaechea cuestionó el comportamiento de Roberto Sánchez Palomino y sostuvo que sus convocatorias podrían generar inestabilidad en el país. “El país necesita orden. Estamos por celebrar Fiestas Patrias y el señor Sánchez convoca a una movilización”, expresó.