La controversia en torno a las cirugías estéticas de la presidenta Dina Boluarte se agudiza, luego de que el cirujano plástico Mario Cabani revelara en una carta notarial que la mandataria habría permanecido internada en su consultorio entre el 28 de junio y las 6 de la mañana del 30 de junio de 2023, sometiéndose a un procedimiento quirúrgico que duró 2 horas y 25 minutos.
Este nuevo dato ha puesto bajo la lupa la firma estampada por Boluarte en el Decreto Supremo N.º 017-2023-SA, fechado el 29 de junio de 2023, es decir, mientras la jefa de Estado aún habría estado en recuperación postoperatoria. La sospecha sobre una posible firma falsa o suplantación ha generado dudas respecto a un posible delito de omisión de funciones, actualmente bajo investigación fiscal.
Firma cuestionada y falta de peritaje
En imágenes difundidas por medios de comunicación, se comparó la firma del decreto con la registrada en la ficha de RENIEC de Boluarte, notándose diferencias. Sin embargo, como precisa el abogado penalista Julio Rodríguez, sólo un peritaje grafotécnico del Ministerio Público podría determinar si se trata de una falsificación.
Rodríguez también aclaró que el presunto delito de omisión de funciones tiene una pena máxima de dos años de prisión y es considerado de baja reprochabilidad penal, por lo que las consecuencias jurídicas serían limitadas, en caso de comprobarse.