Con penas de 23 a 30 años de cárcel, se buscará sancionar el terrorismo urbano, una nueva figura que se incorporaría al Código Penal. El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso y queda pendiente de debate en el pleno.
El proyecto de ley ha generado controversia, ya que incluye la posibilidad de calificar como "terrorismo urbano" acciones en las que una o dos personas generen daños a torres de transmisión, propiedad privada, o servicios de agua o energía eléctrica.
REACCIONES
La congresista Norma Yarrow ha respaldado la inclusión de sanciones con cárcel para manifestantes en esta normativa, defendiendo la medida como una herramienta contra la criminalidad.
En contraste, el congresista Jorge Marticorena de Perú Bicentenario criticó el proyecto, sugiriendo que podría tener intenciones encubiertas.