Especialista afirma que suspensión a Patricia Benavides es "inusual e insólito"

El reciente fallo de la Corte Suprema que dispone la suspensión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación ha generado una intensa discusión sobre la legalidad y proporcionalidad de esta medida. La decisión responde a un requerimiento del Ministerio Público en el marco del caso Valquiria, donde se le imputa a Benavides los presuntos delitos de organización criminal, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. Según el abogado penalista Carlos Caro, “la ley contempla la posibilidad de suspender a un funcionario público no electo cuando enfrenta un proceso penal”, y recordó que ya existen antecedentes similares, como en el caso del exfiscal Chavarry.

Medida judicial se impone frente a decisiones administrativas

Caro explicó que la resolución emitida por el tribunal es de primera instancia y debe ejecutarse de inmediato. “Estamos ante una orden judicial que tiene primacía sobre cualquier disposición administrativa, incluida la de la Junta Nacional de Justicia”, señaló. A pesar de que los procedimientos judiciales suelen tardar entre dos a tres meses, el especialista considera que en este caso “se buscará dar celeridad para evitar una situación de incertidumbre jurídica”.

Un aspecto clave que ha generado preocupación entre los expertos es el momento procesal en que se ha dictado la medida. “Esta es una investigación preliminar, ni siquiera ha llegado a etapa preparatoria”, advirtió Caro. En ese sentido, calificó de “inusual, si no insólito” que se haya tomado una decisión de esta magnitud contra una alta funcionaria protegida constitucionalmente y con derecho de antejuicio.

Finalmente, el penalista subrayó que la controversia no radica tanto en los indicios presentados, sino en el tipo de medida empleada. “El principal problema de esta resolución no está en los elementos de convicción, sino en la falta de proporcionalidad”, afirmó. Así, la resolución judicial marca un precedente complejo para futuras acciones contra funcionarios con prerrogativas constitucionales.