La muerte de dos jóvenes durante un operativo militar en el Vraem continúa generando controversia. Los abogados de las familias denunciaron presuntas trabas y retrasos en las diligencias, lo que, a su juicio, estaría afectando el esclarecimiento de los hechos.
Según la defensa, pericias fundamentales como exámenes balísticos, necropsias e inspecciones forenses debieron realizarse en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, aseguran que estas acciones no se ejecutaron oportunamente, pese a la gravedad del caso.
Asimismo, cuestionaron que la fiscalía especializada haya iniciado diligencias preliminares contra quienes resulten responsables, a pesar de que, según afirman, ya existirían efectivos plenamente identificados como presuntos implicados en la intervención.
En las próximas horas se espera la reprogramación de la inspección técnico-policial en la zona y la toma de declaraciones a ocho miembros del Ejército peruano, cuyos testimonios serán clave para determinar responsabilidades.