Familiares de los 13 mineros asesinados responsabilizan al Gobierno por la falta de acciones contundentes contra la minería ilegal y el crimen organizado en Pataz.
Trece familias se encuentran enlutadas tras el asesinato de igual número de trabajadores mineros, a manos de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad. El crimen ocurrió el último fin de semana, luego de que las víctimas fueran secuestradas.
Varios de los mineros laboraban para una empresa contratista de la minera Poderosa y habían llegado desde distintas provincias del norte del país en busca de sustento para sus hogares.
El hermano de una las víctimas criticó duramente al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en especial al ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, a quien calificaron de “incompetente” por la escasa respuesta frente al avance de la criminalidad en Pataz.
“El ministro del Interior es un incompetente. (…) Dicen que han capturado a los asesinos, pero al parecer no lo son. Quieren tapar todo esto”, sostuvo en declaraciones para este medio.
VELAN PRENDAS DE LAS VÍCTIMAS
Otras de las víctimas de esta masacre es César Rospligliosi Arellano, viajó desde Chiclayo para trabajar, pero fue asesinado por los criminales. En su vivienda, su familia vela sus pertenencias, mientras esperan poder retirar su cuerpo, que permanece en la morgue de Trujillo.
Según la familia, durante el secuestro nunca se pidió una recompensa para su liberación. “Fueron secuestrados, pero nunca pidieron una recompensa para liberarlos. Eso fue una mentira”, declaró una familiar de la víctima, quien señaló que hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo, ni de la empresa contratista ni de las autoridades.