La propuesta del Ministerio de Justicia de evaluar la liberación de personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar como parte de una estrategia para reducir el hacinamiento en los penales ha generado debate entre especialistas y sectores vinculados al sistema penitenciario.
PLAN NACIONAL
La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario, que contempla la evaluación de 24,739 internos y la remisión de más de 5,000 expedientes al Poder Judicial para su revisión.
Al respecto, el exjefe del INPE y exviceministro de Justicia, Germán Small Arana, señaló que la medida plantea cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes hacia las familias afectadas. Asimismo, consideró que, en el caso de los sentenciados por omisión de asistencia familiar, podrían implementarse mecanismos que permitan generar ingresos para cubrir las deudas establecidas judicialmente.
Small también advirtió que la sobrepoblación penitenciaria, que supera el 152 % a nivel nacional, dificulta la aplicación de programas de rehabilitación y reinserción social dentro de los establecimientos penales.
El plan del Ejecutivo también incluye la asistencia legal a internos primarios condenados por delitos de menor lesividad, así como el reacondicionamiento de penales en ciudades como Iquitos, Abancay y Pucallpa. Sin embargo, especialistas sostienen que estas medidas podrían resultar insuficientes frente al crecimiento sostenido de la población penitenciaria.
Entre las alternativas planteadas para enfrentar el problema a corto plazo figuran una mayor aplicación de beneficios penitenciarios y una revisión oportuna de sentencias, con el objetivo de reducir la presión sobre el sistema carcelario sin afectar la seguridad ni los derechos de las víctimas.