Hasta hace poco, su labor era acompañar a quienes enfrentaban la extorsión. Irónicamente, hoy su propio nombre aparece en una carpeta fiscal como víctima. Una servidora judicial de la Corte de Lima Norte denunció de manera anónima que viene siendo amenazada por delincuentes que enviaron a su celular fotografías de su ficha Reniec y de la fachada de su vivienda. “Estoy viviendo una situación delicada, estoy siendo víctima de extorsión”, señaló con voz temblorosa.
Los mensajes, acompañados de imágenes con sus datos personales, exigían el pago de 50 mil soles y advertían que tenía solo 72 horas para entregar el dinero. Ante ello, la trabajadora afirmó que debió abandonar la capital para proteger a su hijo menor. “Ya saben dónde vivo, con quién vivo y a qué me dedico. Por mi seguridad he tenido que salir de Lima”, dijo, añadiendo que teme que los criminales hayan obtenido su información debido a su labor en el Módulo Penal de la Corte Superior de Lima Norte.
La denunciante indicó que, por la naturaleza de su cargo, mantiene contacto directo con imputados y partes procesales, ya sea en audiencias o en diligencias de notificación realizadas junto a la Policía Judicial. Por ello, no descarta que los extorsionadores la hayan identificado durante estas intervenciones. La denuncia fue presentada ante la Policía y a nivel fiscal; sin embargo, asegura no tener avances concretos, pese a que el número desde el cual recibe las amenazas está registrado en el Perú.
REFUGIADA FUERA DE LIMA
Mientras se mantiene refugiada al interior del país, su abogado, Percy Coronado, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades. Señaló que, desde que presentaron la denuncia, la Policía solo ha tomado declaración a la víctima, sin otorgar medidas de protección, incorporarla a la unidad especializada en extorsiones ni activar servicios de prevención de ataques. Frente a ello, surge la preocupación: si la criminalidad organizada se atreve a intimidar a operadores de justicia, ¿qué le espera al resto del país?