Ministerio Público: más de 20 fiscales son amenazados y extorsionados
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina denunció que varios fiscales han sido amenazados y extorsionados en todo el país por su labor.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina denunció que varios fiscales han sido amenazados y extorsionados en todo el país por su labor.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina informó que al menos 25 fiscales a nivel nacional han sido víctimas de amenazas y extorsiones que incluyen pedidos de miles de soles para evitar daños a ellos o a sus familias.
El coordinador de las fiscalías contra la criminalidad organizada, señaló que las amenazas buscan que los fiscales se aparten de los casos y además les piden cupo. “No solo amenazan al fiscal para que se aparte del caso, sino que también lo extorsionan, pidiéndole entre 5,000 y 10,000 soles para no dañar a su familia; es decir, no solo lo amenazan, sino que lo extorsionan”, precisó.
Esta revelación se da en medio del anuncio de la congresista Patricia Juárez, quien presentó un proyecto de ley para que la identidad de jueces y fiscales dedicados a casos de extorsión y sicariato permanezca oculta, medida que cuenta con el respaldo del Ministerio Público.
“Actualmente hay al menos 80 fiscales que se encuentran amenazados, y es evidente que la policía no puede brindarles seguridad las 24 horas del día, ni a ellos ni a sus familiares”, explicó Juárez.
JUECES Y FISCALES “SIN ROSTRO”
La congresista Patricia Juárez precisó que para proteger a jueces y fiscales se utilizarán herramientas digitales que permitan resguardar su identidad durante la tramitación de los casos. Chávez Cotrina coincidió en que la tecnología podría ser una solución viable, aunque advirtió que una aplicación incorrecta podría invalidar procesos judiciales, como ocurrió en casos contra terroristas en los años 90.
El fiscal agregó que la implementación de jueces y fiscales “sin rostro” requiere un análisis detallado y modificaciones a los reglamentos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Señaló que ya abordó la propuesta con el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y que se debe garantizar un equilibrio entre la protección de los funcionarios y la validez de los procesos penales, especialmente en casos de extorsión y sicariato.
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