Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección ante protestas en Mineápolis
La ciudad que se ha convertido en el epicentro de protestas contra los presuntos abusos cometidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La ciudad que se ha convertido en el epicentro de protestas contra los presuntos abusos cometidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército en Mineápolis, ciudad que se ha convertido en el epicentro de protestas contra los presuntos abusos cometidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las manifestaciones se intensificaron tras la muerte de Renee Good, quien fue asesinada de un disparo en la cabeza durante una intervención atribuida a un agente de dicha agencia federal.
La Ley de Insurrección, promulgada en 1807, es una norma excepcional que autoriza al presidente a utilizar fuerzas militares para controlar graves disturbios internos. Aunque ha sido aplicada en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos, su antecedente más reciente data de 1992, cuando el entonces presidente George Bush padre la invocó para contener los violentos disturbios en Los Ángeles tras la absolución de los policías involucrados en la golpiza a Rodney King.
ESPECIALISTA OPINA
El analista internacional Francisco Belaunde explicó que la norma otorga una amplia discrecionalidad al mandatario, ya que permite suspender la autoridad de los gobiernos estatales y deja en manos del Ejecutivo la interpretación de qué situaciones constituyen una alteración grave del orden público. Esta amplitud legal ha generado preocupación entre especialistas y sectores críticos, quienes advierten posibles excesos en el uso de la fuerza militar contra la población civil.
En medio de este contexto, la Casa Blanca ha respondido con dureza a los cuestionamientos por la muerte de Renee Good, llegando incluso a calificar de “activistas de izquierda” a periodistas y críticos de las acciones del ICE. Belaunde sostuvo que, pese a las protestas actuales, estas no alcanzan el nivel de violencia registrado tras el asesinato de George Floyd, por lo que consideró discutible la justificación para aplicar esta ley.
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