La reciente decisión de la FDA de prohibir el uso del colorante Rojo 3 en alimentos y fármacos desde enero de 2025 ha puesto bajo presión a la industria alimentaria peruana. Aunque el país se rige por estándares internacionales como el Codex Alimentarius, especialistas señalan que el camino hacia aditivos naturales será largo y costoso, con un horizonte de al menos dos o tres décadas para consolidarse.
PRESIÓN INTERNACIONAL
El Rojo 3, también conocido como eritrosina, era ampliamente utilizado en dulces, pasteles y medicamentos hasta que estudios lo vincularon con cáncer en animales. Para la industria peruana, su prohibición marca un precedente que podría replicarse con otros colorantes sintéticos. Según la química María Lorena Cassis Nosthas, estos aditivos garantizan mayor estabilidad y menor costo frente a los naturales, lo que explica su predominio en el mercado.
En el I Foro Técnico Académico e Interdisciplinario en Nutrición y Dietética, realizado en Lima, los especialistas recordaron que la regulación en Perú carece de un marco propio y depende de organismos internacionales como la FDA y la EFSA. Este escenario obliga a las empresas locales a adaptar sus productos para cumplir con exigencias de los mercados externos, lo que implica reformas tecnológicas y sobrecostos.
EL RETO DE LOS PIGMENTOS NATURALES
Bettit Salva Ruiz, vicerrectora de Investigación de la Escuela Cordon Bleu Perú, advirtió que la migración hacia pigmentos naturales supone un desafío tecnológico y económico. Aunque el país tiene un referente exitoso en la exportación de carmín de cochinilla, replicar este modelo en pigmentos como la cúrcuma, el achiote o las antocianinas de camote morado demanda años de investigación, pruebas toxicológicas y validaciones de estabilidad.
Además, la transición implicará cambios visibles en la apariencia de los alimentos y un aumento en los precios finales para los consumidores. “No se trata solo de reemplazar un color, sino de garantizar funcionalidad, seguridad y escalabilidad”, recalcó Salva Ruiz. Así, el Perú enfrenta una transformación inevitable en su industria alimentaria, pero con un proceso que podría extenderse por varias décadas.