Mediante un proyecto de ley enviado al Congreso, el Ejecutivo propuso la multa y disolución de las empresas privadas implicadas en casos de corrupción. La premier Ana Jara sostuvo que la iniciativa busca mpulsar una fiscalización “mucho más efectiva” en este tema.
“Hasta ahora la responsabilidad había alcanzado a las empresas de derecho mercantil. Ahora queremos apuntar también a las empresas de derecho privado, que haya una fiscalización mucho más efectiva y que nos permita cerrar todo este círculo donde se han descubierto muchos actos de corrupción”, dijo.
Además, se plantea dar protección a quienes denuncian actos de corrupción en la administración pública, para así evitar que sean víctimas de represalias en sus centros de labores. La medida se hará extensiva a sus familias y los trámites que deban realizar no tendrán costos.
“Se hará un proceso sumario para que lo ventilado en sede administrativa finalmente tenga un desarrollo más diligente”, acotó Jara. Foto: Referencial.