Gobierno oficializa paquete de reformas al Código Penal
José Jerí promulgó cuatro decretos legislativos que modifican el Código Penal y Procesal Penal, en medio del escándalo por las reuniones con un empresario chino.
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Política
En medio de la polémica por las reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang, conocidas como el ‘Chifagate’, el presidente interino José Jerí promulgó este miércoles 20 de enero un paquete de reformas penales que modifican el Código Penal y el Código Procesal Penal, amparadas en la Ley 32527, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
Las medidas, publicadas en el diario oficial El Peruano, están contenidas en cuatro decretos legislativos y apuntan a endurecer la lucha contra la minería ilegal, reforzar el principio de autoridad, tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego y permitir el acceso inmediato a equipos electrónicos de delincuentes detenidos en flagrancia por delitos graves.
El Decreto Legislativo 1695 introduce cambios sustanciales en el combate contra la minería ilegal, ampliando la responsabilidad penal no solo a quienes realicen actividades extractivas sin autorización, sino también a quienes obtengan beneficios económicos de estas prácticas ilícitas. Además, eleva las penas por tráfico de insumos químicos y maquinaria, que pasan de 3–6 años a 6–9 años de prisión, y tipifica el delito de tráfico ilícito de recursos minerales, castigado con hasta 9 años de cárcel y 600 días-multa.
SANCIONES POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
En la misma línea, el Decreto Legislativo 1696 incrementa las penas por resistencia o desobediencia a la autoridad, que ahora serán sancionadas con 5 a 8 años de prisión, y elimina la posibilidad de suspensión de la pena en casos agravados, especialmente cuando los delitos se cometan contra miembros de la Policía, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público o autoridades elegidas por voto popular.
El paquete normativo también incluye el Decreto Legislativo 1697, que tipifica la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, reconociendo que dos o más personas pueden ejercer control simultáneo sobre un arma, aun sin posesión física exclusiva. Finalmente, el DL 1698 autoriza a la Policía Nacional a acceder de forma inmediata al contenido de celulares y equipos informáticos de detenidos en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro, así como de dispositivos incautados en requisas penitenciarias, medida que deberá ser ratificada posteriormente por un juez.
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