El congresista del Bloque Democrático Popular, Edgard Raymundo, presentó el último martes 11 de noviembre el proyecto de ley que propone sancionar penalmente a gerentes, directores o administradores de empresas de telefonía por su participación en la venta ambulatoria de chips.
La iniciativa N.º 13162/2025-CR plantea modificar el artículo 272-B del Código Penal, incorporando penas de hasta cuatro años de cárcel y multas económicas para los ejecutivos que incumplan la norma.
Según Raymundo, "la venta ambulatoria de chips, muchas veces realizada sin ningún tipo de supervisión, ha contribuido directamente al aumento de las extorsiones". Sostiene que esta práctica facilita que organizaciones criminales adquieran líneas sin control y las utilicen para amenazar, extorsionar o coordinar actividades ilícitas desde cárceles.
Sanciones propuestas
El proyecto establece que los directores, administradores o gerentes de las empresas de telecomunicaciones que permitan, autoricen o no controlen adecuadamente la venta de chips en la vía pública podrían recibir una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, además de una multa de entre 365 y 730 días-multa.
Responsabilidad penal empresarial
La sanción recaería sobre aquellos funcionarios que actúen con dolo o culpa, es decir, con conocimiento o negligencia comprobada. El congresista enfatiza en su exposición de motivos que las normas vigentes castigan solo al vendedor ambulante, mientras las compañías no enfrentan consecuencias efectivas.
"El trabajador informal es sancionado, pero el gerente que impulsa estas estrategias comerciales queda impune. Por eso se requiere una responsabilidad penal empresarial", señala el documento.