Justamente, el congresista Édgar Núñez consideró el planteamiento como “una exageración” que debe ser bloqueada en el Congreso.
“Todos los funcionarios públicos tienen absoluta libertad de dar opiniones y de criticar con razón y fundamentos. Por eso no se puede imponer ninguna sanción, esa propuesta es absolutamente inconstitucional y hasta me atrevería a decir que es irracional”, aseguró.
Núñez sostuvo que tal idea no viene en realidad de la Defensoría del Pueblo sino que obedece a un “lobby” de representantes de las ONG de la “izquierda caviar” vinculadas al campo de derechos humanos, quienes están buscando convertirse en “los nuevos intocables” del país.
(Tomado de La Razón)