Junta Nacional de Justicia evaluaría suspender a presidenta del Poder Judicial

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por el exprocurador Gino Ríos Patio, se encuentraría en proceso de evaluación para la posible suspensión y destitución de la presidenta del Poder Judicial, la jueza suprema Janet Tello Gilardi.

Esto se debe a un supuesto error que ella y otros cuatro jueces supremos habrían cometido al resolver un proceso de carácter laboral como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

Según fuentes de La República, el pleno de la JNJ decidió, por 4 votos contra 3, abrir un proceso inmediato disciplinario de destitución a los jueces supremos Janet Tello Gilardi, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano.

Hasta el 31 de diciembre de 2024, estos jueces formaban parte de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Janet Tello Gilardi, quien actualmente se desempeña como presidenta del Poder Judicial, ha mantenido una postura de enfrentamiento al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, defendiendo la independencia y autonomía de los magistrados.

Por su parte, Ricardo Corrales es el actual presidente de la Corte Superior de Junín. Los demás magistrados continúan en la Corte Suprema. Se espera que la decisión de la Junta les sea notificada en las próximas horas.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

El procedimiento disciplinario inmediato habría sido promovido por la consejera, excongresista y exjueza, María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios de la JNJ, contando con el respaldo de Víctor Chanduvi Cornejo, Germán Serkovic Gonzales y Ríos Patio. Chanduvi fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO).

Los consejeros Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi y Rafael Ruiz Hidalgo votaron en contra del proceso disciplinario inmediato, concebido para casos de grave corrupción pública de notorio impacto en la opinión pública, situación que no se observa en este caso. 

(Fuente: La República)