Según declaraciones de las autoridades fiscales, esta modificación podría erosionar la independencia judicial y abrir puertas a la impunidad, especialmente en casos que involucren a altos funcionarios
El Ministerio Público ha expresado una seria preocupación tras la reciente aprobación de una modificación al Código Procesal Penal que confiere a la Policía Nacional del Perú (PNP) la capacidad de conducir investigaciones preliminares.
Esta reforma, ratificada por el Congreso de la República con una mayoría significativa, altera sustancialmente la dinámica entre el Ministerio Público y la PNP, otorgando a esta última una mayor autonomía en las etapas iniciales de las investigaciones criminales.
Según declaraciones de las autoridades fiscales, esta modificación podría erosionar la independencia judicial y abrir puertas a la impunidad, especialmente en casos que involucren a altos funcionarios.
El pronunciamiento del Ministerio Público, emitido el 11 de septiembre y difundido ampliamente a través de redes sociales, advierte que la transferencia de tales facultades investigativas al organismo policial, que depende directamente del Poder Ejecutivo, representa una amenaza a la separación de poderes establecida en la Constitución Política del Perú.
Los fiscales han calificado la medida como "manifiestamente inconstitucional", subrayando que compromete la capacidad del Ministerio Público para liderar la investigación del delito desde sus etapas iniciales, como lo dicta el artículo 159 de la Constitución.
REACCIONES Y RESPUESTAS GUBERNAMENTALES
A pesar de las advertencias y las peticiones de observación por parte del Ministerio Público, incluyendo un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte para que ejerza su prerrogativa y revise el proyecto de ley, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha indicado que el Poder Ejecutivo procederá a implementar la ley sin devolverla al Congreso para más discusiones o correcciones.
Adrianzén ha instado a aquellos que cuestionan la constitucionalidad de la reforma a presentar demandas ante el Tribunal Constitucional, aunque afirmó que hasta que no se declare su inconstitucionalidad, "todos tenemos la obligación de cumplirla".
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