Abogado de Dina Boluarte confía que el Congreso rechazará denuncia constitucional por muertes en protestas
La defensa legal de la mandataria cuestionó la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena.
La defensa legal de la mandataria cuestionó la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena.
Este miércoles, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por las muertes que se reportaron, entre diciembre del 2022 y enero del 2023, en las protestas contra el gobierno de su representada.
El letrado, durante una conferencia en los exteriores de Palacio de Gobierno, cuestionó al titular del Ministerio Público y lo acusó de haberse convertido en un político.
"Lo que ha hecho el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, es convertirse nuevamente en un político de la institución. Ha deshonrado a la institución con una denuncia con ese contenido”, dijo a la prensa.
Adicionalmente, cuestionó que se haya presentado la denuncia por homicidio calificado después de archivar la denuncia por genocidio, según Perú21.
"El Ministerio Público determina la inexistencia del dolo (…) Sin embargo, en la denuncia por el homicidio calificado, de pronto hace uso del síndrome de la atención selectiva", dijo sobre la denuncia por genocidio.
También criticó la coincidencia de la presentación de esta medida, ya que se realizó justo después de Fiestas Patrias, deslizando una posible politización del caso y dijo estar "absolutamente convencido de que el Congreso va a rechazar esa denuncia".
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
La Fiscalía de la Nación presentó ayer, 30 de julio, una denuncia constitucional contra la jefa de Estado y el expremier Alberto Otárola por homicidio calificado-omisión impropia- y lesiones graves por 44 muertes y 116 personas heridas en las protestas de diciembre de 2022 hasta inicios de 2023.
La denuncia ha sido elevada ante el Congreso y también recae en los exministros Pedro Miguel Angulo Aranda, Jorge Luis Chávez Cresta, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Según la Fiscalía, los altos funcionarios serían “presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado”.
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