Ministerio Público lo rechaza: proyecto de ley busca penalizar a menores desde los 16 años
Propuesta legislativa estaría vulnerando pactos internacionales de protección a los menores de edad, que fueron firmados por Perú hace 34 años.
Propuesta legislativa estaría vulnerando pactos internacionales de protección a los menores de edad, que fueron firmados por Perú hace 34 años.
El Ministerio Público anunció que rechaza el proyecto de ley que establece responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 16 años, ya que considera que vulnera los compromisos internacionales de protección a los menores de edad pactados por el país. Esta iniciativa, presentada por el congresista Juan Burgos, va en contra de la Convención de los Derechos del Niño, firmada por Perú en 1990, según un comunicado emitido por la fiscal superior de Familia de Lima, la coordinadora nacional del Programa Nacional Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, y otros fiscales superiores, adjuntos superiores y provinciales de familia.
"El proyecto de ley vulnera los compromisos internacionales de defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes, asumidos por el Estado al suscribir, sin observaciones, entre otros, la Convención de los Derechos del Niño en 1990; en tal sentido, el Perú tiene la obligación de aplicarla y garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos en ella a la población menor de edad del país", señala la misiva.
¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO DE LEY?
La propuesta del parlamentario de Podemos Perú, Juan Burgos, busca reducir la participación de menores en actividades delictivas al establecer la responsabilidad penal para adolescentes desde los 16 años que participen en sicariato y bandas criminales.
La iniciativa legislativa N.° 8166 pretende modificar el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal, específicamente en el apartado de inimputabilidad, indicando que "no está exento de responsabilidad penal el adolescente que, a partir de los 16 años de edad, incurre en la comisión de delitos" contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio, sicariato), el patrimonio (robo agravado y extorsión), la tranquilidad pública (banda criminal) u otros sancionados con 25 años de cárcel o cadena perpetua. El proyecto de ley ha sido remitido a la Comisión de Justicia para su debate.