Congreso: Poder Ejecutivo observa ley que afecta lucha contra la minería ilegal

A pocas horas de cumplirse el plazo máximo de respuesta, el Poder Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso de la República que modifica el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal y que afectaría la lucha contra dicha actividad ilícita.

A través de un oficio enviado por la mandataria Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, al titular del Parlamento, José Williams (Avanza País), se precisan las causas para dicha decisión, informó El Comercio.

Dentro de sus observaciones destacan que las operaciones policiales y de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI) podrían verse afectadas por la obligación de coordinar con las autoridades regionales para gestionar el retiro de las maquinarias y/o equipos de la zona de intervención. Además de no generar una mayor demanda en recursos humanos y logísticos. 

“la Autógrafa de Ley afecta la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú y de la DICAPI, demandando mayores recursos humanos y logísticos, toda vez que para las operaciones policiales y de DICAPI de interdicción se debería prever personal policial para la custodia temporal de los bienes”, se expuso en el documento.

Además, se señala que el coordinar con las autoridades regionales implicaría una demora en la ejecución de las operaciones policiales y de DICAPI que podría afectar sus acciones frente a la lucha contra la minería ilegal.

“En vista de todo lo anterior, se sugiere un texto alternativo eliminando la modificación al numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1100″, agregaron la mandataria y el primer ministro en el documento enviado al Parlamento.

¿QUÉ PROPONE LA LEY?

Esta ley, planteada inicialmente por el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), busca modificar el artículo 7 del decreto legislativo 1100 para que durante la labor de interdicción ya no se destruya la maquinaria de los campamentos ilegales, sino que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) la asigne a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo.