De acuerdo al documento, no se evidencia ningún tipo de intervención directa del aludido en la muerte de la niña, así como tampoco se evidencia que hubiera directiva, disposición, orden o algún otro tipo de intervención del investigado para el desarrollo de los hechos.
“En consecuencia, al no aparecer indicios mínimos razonables de que el ministro de Defensa haya tenido injerencia en los sucesos del 8 de setiembre de 2012, menos aún que haya dado órdenes directas de ocasionar la muerte de la menor y procurar la desaparición de su cuerpo (…) corresponde desestimar el inicio de una investigación preliminar”, señala la resolución.