La pretendida homologación salarial de los magistrados distorsiona la política de pagos del Estado, afirmó hoy el titular de Economía, al reiterar que la medida generaría un gran costo fiscal.
Miguel Castilla señaló que el Gobierno comprende la necesidad de elevar los haberes, sobre todo de los que ganan menos, pero ello –dijo– debe guardar coherencia con el equilibrio fiscal y con lo que ganan otros funcionarios públicos de funciones similares.
El titular del Ministerio de Economía ratificó que los aumentos planteados por el Poder Judicial son inviables, porque con esa propuesta un magistrado pasaría de S/.12,000 a S/.21,500, mientras que un juez especializado elevaría su sueldo de S/.9,000 a S/.18,500.
“Como toda decisión depende del Poder Judicial, no hay forma de llegar a un acuerdo y estamos, básicamente, bajo una extorsión en el Ministerio de Economía, con órdenes de apercibimiento de funcionarios, cuando hay una decisión de poder llegar a una salida a este entrampamiento”, dijo Casilla Rubio.
