Ministerio Público sobre reducción de la edad penal: “Es un retroceso en la protección de la niñez”
La institución argumenta que el marco legal actual es suficiente y busca proteger el enfoque resocializador del menor.
La institución argumenta que el marco legal actual es suficiente y busca proteger el enfoque resocializador del menor.
El Ministerio Público manifestó su firme oposición a la Ley 32330, recientemente promulgada, la cual reduce la edad mínima de responsabilidad penal común a 16 años para delitos graves. En un pronunciamiento difundido este 10 de mayo, la institución señaló que la norma "incumple la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú", cuestionando su legalidad y pertinencia dentro del marco normativo vigente.
Una medida que contradice principios internacionales
El comunicado también destacó que el Perú ya cuenta con un sistema severo de justicia juvenil. “Los adolescentes infractores reciben medidas socioeducativas de hasta 10 años de internamiento”, subraya el pronunciamiento, añadiendo que estas sanciones se aplican “dentro de un enfoque resocializador del adolescente, reconociendo que se trata de una persona en formación”. Esta perspectiva, respaldada por organismos especializados, contrasta con el nuevo enfoque punitivo que plantea la ley.
Según el Ministerio Público, la norma contradice las posturas de diversas entidades clave del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Defensoría del Pueblo, además de informes técnicos del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de UNICEF. “Advertimos que esta norma no guarda coherencia lógica con el ordenamiento legal peruano e internacional”, enfatizó la institución.
Finalmente, la entidad fiscal señaló que la medida no responde eficazmente al problema de fondo. “El incremento de las formas de criminalidad y la incidencia delictiva obedecen a otras causas”, se indicó, remarcando que la solución requiere de una acción decidida contra las organizaciones criminales. Por ello, el Ministerio Público reiteró su exigencia de implementar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento sin más demoras.