Procuraduría solicita 200 mil soles de reparación civil a María Cordero por caso "mochasueldos"
El Estado exige a la suspendida congresista María Cordero Jon Tay una reparación civil por presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho.
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Poder Judicial
La Procuraduría General del Estado ha solicitado al Poder Judicial que la suspendida legisladora María Cordero Jon Tay pague S/ 200,000 como reparación civil debido al presunto recorte de sueldo que habría exigido a un trabajador de su despacho en 2022.
La defensa del Estado presentó esta propuesta durante una audiencia virtual celebrada el lunes 23 de septiembre, donde se discutió la responsabilidad civil extracontractual de la congresista suspendida. La solicitud se divide en S/ 100,000 por daño a la imagen del Estado peruano y otros S/ 100,000 por daño a la institucionalidad.
María Cordero enfrenta una investigación preparatoria por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, después de que se le acusara de exigir a un trabajador de su despacho la entrega del 50% de su salario durante los meses de marzo a agosto de 2022.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, formalizó esta investigación tras la aprobación del Congreso de la República para levantar la inmunidad parlamentaria de la legisladora y permitir su suspensión.
Durante la audiencia, la defensa de Cordero, encabezada por la doctora Yeni Vicatoma, argumentó que la propuesta de reparación civil carece de pruebas documentales y pericias que justifiquen la suma solicitada, solicitando que el pedido sea rechazado.
INVESTIGACIÓN EN CURSO Y MEDIDAS CAUTELARES
La investigación preparatoria contra María Cordero Jon Tay se lleva a cabo bajo mandato de comparecencia con restricciones, lo que implica que la congresista no puede abandonar el país y debe cumplir con ciertas medidas impuestas por el Poder Judicial mientras se desarrolla el proceso.
A pesar de estas restricciones, el Pleno del Congreso no aprobó la propuesta de inhabilitarla por 10 años para ejercer cargos públicos, lo que deja abierta la posibilidad de su regreso a la vida política una vez concluido el proceso judicial.
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