Golpe de Estado: Fiscalía informa que 19 testigos no acudieron a declarar

El sábado 12 de agosto se cumplen los ocho meses desde que el Poder Judicial impuso un plazo para la investigación preparatoria en contra del expresidente Pedro Castillo, y sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. También se incluye en estas investigaciones a Aníbal Torres, asesor durante el mandato de Castillo, todos ellos implicados en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El Ministerio Público, solicitó durante la mañana de este viernes, la ampliación del plazo para estas investigaciones por otros ocho meses más. Su argumento es que diversas diligencias no se han podido realizar, incluyendo la toma de declaración a varios testigos que no cumplieron con la citación fiscal y la realización de pericias técnicas. La decisión recae en el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien se espera que resuelva sobre este pedido en las próximas horas.

NO ASISTIERON

Durante la audiencia, la fiscal Suprema Silvia Sack informó al juez Checkley Soria que 19 testigos no respondieron a la citación fiscal, a pesar de que sus declaraciones estaban programadas entre junio y los primeros días de agosto.

Entre estos, se incluye al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví Olarte, quien se esperaba que hablase sobre las coordinaciones previas a la emisión del mensaje presidencial que intentaba instaurar un estado de excepción.

"En el presente caso, aún no se cumple con el objetivo de la investigación preparatoria porque todavía quedan actos de investigación por realizar", indicó la fiscal Sack. También fueron citados para testimoniar la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano; el chofer Erick Huamán López, quien trasladó a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino; y un grupo de oficiales de policía que debían declarar sobre las órdenes para el cierre del Congreso, pero no acudieron.

Además, la defensa del expresidente Castillo solicitó la declaración de otros testigos, incluyendo a Lina Sánchez Camada, exsecretaria del Ministerio de Defensa, y a Andrés Eduardo Salas, asesor del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros.