La ley de pensiones para maestros jubilados y cesantes en el Perú enfrenta un nuevo proceso legal. El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, que garantiza el pago de pensiones para la protección y seguridad social de los docentes retirados. La decisión abre un proceso de revisión constitucional que involucra al Congreso de la República.
Mediante una resolución, el máximo intérprete de la Constitución dispuso trasladar la demanda al Congreso de la República, que tendrá un plazo de 30 días útiles para apersonarse y presentar su respuesta. La admisión del recurso no implica que la norma haya sido declarada inconstitucional, sino que el tribunal evaluará los argumentos presentados por el gremio profesional.
¿Por qué cuestionan la ley de pensiones para maestros jubilados?
El Colegio de Economistas de Lima sostiene que la Ley 32581 vulneraría el principio de sostenibilidad financiera establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. Según el gremio, la legislación vincularía de manera permanente las pensiones de los docentes jubilados y cesantes con los salarios de los maestros en actividad, lo que podría generar un mecanismo de reajuste automático contrario a las disposiciones constitucionales que prohíben la nivelación pensionaria.
Asimismo, la institución advierte sobre un posible impacto en el presupuesto público, basándose en estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La demanda señala que la norma establecería obligaciones económicas sin identificar una fuente de financiamiento, lo que, según el gremio, afectaría el equilibrio presupuestario y las competencias del Poder Ejecutivo en materia fiscal. También cuestiona un presunto trato diferenciado frente a otros pensionistas del sector público.
Tribunal Constitucional evaluará demanda contra la Ley 32581
La decisión fue adoptada por el pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Pedro Hernández Chávez, Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich. La admisión se produjo después de que el Colegio de Economistas de Lima subsanara los requisitos exigidos por el Código Procesal Constitucional, incluida la acreditación del acuerdo aprobado en una sesión extraordinaria de su Consejo Directivo.
