Panorama conversó con los congresistas que apoyaron la ampliación del REINFO y algunos reconocieron que fue un error, aunque otros se mantienen firmemente en su postura a pesar de la violencia.
Luego de la masacre que dejó 13 muertos en la provincia de Pataz, en La Libertad, diversas voces han apuntado al Congreso como corresponsable de la expansión de la minería ilegal, al haber aprobado la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida, aprobada tanto por el Legislativo, extendió el proceso de formalización hasta el 30 de junio de 2025, seis meses más de lo previsto inicialmente. Esta decisión ha sido duramente criticada tras los recientes hechos de violencia vinculados al control de minas informales.
Panorama entrevistó a congresistas que apoyaron esta ampliación. Uno de ellos, Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, admitió su participación en la aprobación de la medida y dijo estar dispuesto a asumir responsabilidades. “No podemos tapar el sol con un dedo. Yo he sido partícipe de ello, afronto eso. Pero hemos intentado solucionar el problema”, dijo, apuntando también al Ejecutivo por no actuar a tiempo frente al avance de la informalidad minera. Quiroz aseguró que el Legislativo no puede cargar solo con la culpa, porque la solución estructural le corresponde al Gobierno.
Otro legislador, Guido Bellido, también defendió su voto, afirmando que la ampliación del REINFO no justifica el uso de la violencia en las minas ni el empleo de sicarios. “Esta norma no dice que se debe contratar delincuentes para enfrentarse a otros delincuentes”, indicó. Bellido rechazó que se vincule directamente esta medida con los asesinatos en Pataz, aunque diversos expertos sostienen que la permisividad legal ha permitido que redes criminales se escuden en procesos de formalización para operar con impunidad.
¿ACTUARON POR PRESIÓN SOCIAL?
En contraste, el congresista Jaime Quito reconoció que la ampliación del REINFO fue el resultado de una presión social. Según dijo, decenas de mineros informales protestaron frente al Congreso exigiendo una prórroga, lo que llevó a varios legisladores a ceder ante la demanda. Por su parte, Carlos Zeballos, del Bloque Democrático, afirmó que la medida no fue un error, pero aseguró que no habrá más extensiones. “El plazo vence el 30 de junio y se acabó”, sentenció. La violencia en Pataz ha reavivado el debate sobre si el Congreso actuó con responsabilidad o no.