El múltiple campeón sudamericano denuncia abuso de autoridad tras ser retirado de su academia de natación, mientras el municipio sostiene que actuó conforme a ley al recuperar un terreno estatal.
El reconocido exnadador Johnny Bello, múltiple campeón sudamericano, protagoniza una batalla legal contra el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, luego de que la municipalidad tomara posición del predio donde funcionaba su histórica academia de natación en Chacarilla del Estanque. Durante el operativo, encabezado por agentes municipales y policías, Bello y su familia fueron retirados entre empujones y reclamos de “abuso de autoridad”. Según el deportista, su familia residía y trabajaba en el lugar desde hace más de 40 años, mientras que la comuna sostiene que actuó dentro del marco legal.
El conflicto se originó hace un mes, cuando el local fue clausurado temporalmente por presuntas faltas de seguridad y salubridad, decisión que generó protestas de padres, entrenadores y jóvenes deportistas. El municipio anunció que refaccionará y administrará el recinto con fines recreativos, lo que Bello interpreta como una expropiación injusta. “El alcalde Bruce ha hecho las cosas como le ha dado la gana. Me sacaron sin orden judicial y dejaron mis cosas en la calle”, denunció el exnadador, quien asegura tener más de 100 alumnos afectados por el cierre.
Por su parte, la Municipalidad de Surco sostiene que no se trató de un desalojo sino de una recuperación extrajudicial amparada en la Ley 30230, que permite al Estado recuperar bienes públicos ocupados ilegalmente. “Este año, la Superintendencia de Bienes Nacionales nos otorgó la afectación en uso del terreno con fines recreacionales. En base a eso procedimos conforme a ley”, explicó el subgerente de Fiscalización, Raúl Ramos.
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
Mientras tanto, Johnny Bello asegura que mantiene un juicio de prescripción adquisitiva para demostrar que el terreno le pertenece por uso prolongado y posesión pacífica. “No solo era mi centro de trabajo, era mi hogar. Aquí crecieron mis hijos y se formaron generaciones de nadadores”, afirmó. El caso ha abierto un nuevo debate sobre los límites de la autoridad municipal y la protección de la propiedad privada frente a los procesos de recuperación estatal.