Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Koki Noriega, advirtió que la criminalidad ha tomado el control en la zona minera de La Libertad y pide intervención inmediata del Estado.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) demandó una acción urgente del Gobierno tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, en La Libertad. Koki Noriega, presidente de la ANGR y gobernador de Áncash, pidió que la presidenta Dina Boluarte convoque con urgencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en la misma localidad donde ocurrió la masacre, y advirtió que la violencia criminal en la zona ha sobrepasado por completo la capacidad de respuesta estatal.
En un pronunciamiento oficial, la ANGR señaló que este crimen no es un hecho aislado, sino parte de una ola de violencia vinculada a la minería ilegal, que se ha incrementado durante los últimos meses con denuncias constantes de extorsión, sicariato y enfrentamientos armados. El comunicado califica la situación como “una escalada intolerable” y cuestiona la débil presencia de las fuerzas del orden en la zona.
Entre las medidas solicitadas por los gobiernos regionales figuran la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas, la instalación de una base militar permanente en Pataz y una investigación fiscal especializada para identificar a los autores materiales e intelectuales de la masacre. “La vida de los peruanos y la soberanía del Estado no son negociables”, subraya el documento.
FALTA DE LIDERAZGO
Noriega también criticó la falta de liderazgo del Ejecutivo frente a esta crisis. En entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), cuestionó que pese al estado de emergencia vigente en Pataz no haya resultados visibles y exigió al Ministerio del Interior presentar una estrategia concreta para enfrentar al crimen organizado que, según dijo, actúa impunemente en esta región minera del país.