El gremio de transportistas urbanos anunció una nueva paralización para el jueves 15 de enero, luego de una serie de atentados registrados en los primeros días de 2026. Su vocero, Martín Ojeda, sostuvo que los ataques no se han detenido y que las medidas de seguridad aplicadas hasta ahora no han logrado frenar la violencia que afecta a empresas y conductores en Lima y el Callao.
Transporte urbano bajo presión por extorsiones y violencia
Según el dirigente, en apenas nueve días del año se han contabilizado ocho hechos criminales vinculados al cobro de cupos, lo que, a su juicio, evidencia una débil capacidad de prevención. Ojeda precisó que, aunque existe coordinación policial y se reconoce el trabajo operativo del general Reboredo, los resultados no se reflejan en una reducción de los atentados ni en una mayor protección efectiva al sector.
Desde el Ejecutivo, el presidente interino José Jerí señaló que el Gobierno mantiene una comunicación constante con los gremios a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Indicó que las acciones acordadas se vienen ejecutando desde hace meses y que, en algunos casos, los delincuentes actúan de manera sincronizada con fines de desestabilización, pese a los esfuerzos por anticipar escenarios de riesgo.
No obstante, el gremio insiste en que las extorsiones continúan impactando de forma directa en la economía del transporte urbano. De acuerdo con sus estimaciones, cerca del 80 % de las empresas estaría siendo amenazada por más de una organización criminal, con cobros que parten de 10 soles por bus y que ahora buscan incrementarse hasta 30 diarios. Bajo este esquema, cada empresa con alrededor de 80 unidades podría entregar más de siete mil soles al día, lo que llevaría a montos anuales que superan los dos millones y medio de soles. En señal de protesta, más de 2.000 buses dejarán de circular el 15 de enero y se concentrarán en distintos puntos de Lima y el Callao.
