La polémica por la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez continúa elevando tensiones entre Lima Airport Partners (LAP) y el Estado peruano. La empresa concesionaria advirtió que podría acudir a un arbitraje internacional si se modifica la metodología acordada para determinar el cobro de esta tarifa, considerada clave para recuperar su inversión en el nuevo terminal aéreo.
LAP ADVIERTE RIESGO DE ARBITRAJE Y DEFIENDE SU METODOLOGÍA
El CEO de LAP, Juan José Salmón, señaló que un cambio en la metodología o una fijación tarifaria arbitraria por parte de Ositran o del Ejecutivo sería motivo para acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). “Si ocurriera cualquiera de esas dos cosas, lamentablemente sería la primera vez que iremos a un litigio contra el Estado”, declaró.
Según explicó, el método utilizado para calcular la TUUA fue el de costos totalmente distribuidos, contemplando inversiones (Capex) y gastos operativos (Opex), conforme al reglamento tarifario. Salmón insistió en que los entes técnicos de Ositran ya elaboraron un informe que debería aprobarse sin interferencias políticas. El cobro, previsto inicialmente para el 27 de octubre, fue aplazado al 7 de diciembre tras un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que pidió más tiempo para revisar la normativa.
OSITRAN Y AEROLÍNEAS DISCREPAN SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO
El debate se intensificó luego de que, el 13 de octubre, el Consejo Directivo de Ositran rechazara por mayoría el informe técnico que sustentaba la tarifa. Los consejeros Claudia Salaverry y Javier Masías cuestionaron el cobro al considerar que tendría un “impacto significativo” en la competitividad del aeropuerto frente a otros de la región. Además, señalaron que no existe una justificación clara, ya que los costos del servicio podrían estar cubiertos por la TUUA de origen.
Mientras tanto, aerolíneas como Latam Airlines y Sky Perú expresaron su preocupación por el nuevo cobro, advirtiendo que podría afectar la conectividad del país y la rentabilidad de algunas rutas. Latam incluso evaluó suspender cuatro nuevas operaciones si el conflicto no se resuelve. En respuesta, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, afirmó que la cancelación de vuelos es una “decisión de negocio” y no un problema de infraestructura.
CONVERSACIONES CON EL EJECUTIVO
Respecto a la TUUA para conexiones nacionales, Salmón indicó que LAP mantiene conversaciones con el Estado para revisar su esquema. El Ejecutivo evalúa reducir o eliminar el cobro para los pasajeros, aunque esto implicaría que el Estado compense a LAP por los ingresos no percibidos. “Si la tarifa llega a ser cero, el Estado deberá retribuirnos mediante un ajuste en la retribución que pagamos al Estado”, explicó el ejecutivo.
A pesar de las discrepancias, LAP confirmó que el cobro de la TUUA de transferencia internacional se aplicará desde el 7 de diciembre, tal como fue establecido en la adenda 6 del contrato de concesión. En medio de un clima de negociación y advertencias legales, el futuro del principal terminal aéreo del país se debate entre la inversión privada, la regulación estatal y el impacto en la competitividad del transporte aéreo nacional.