La Contraloría busca que exministros y una exfuncionaria indemnicen al Estado con más de US$9 millones. La demanda surge tras el fallo del Ciadi que obligó a pagar US$91 millones a Kuntur Wasi.
La Contraloría General de la República ha presentado una millonaria demanda civil contra dos exministros y una exfuncionaria del Estado, a quienes responsabiliza por el millonario pago que el Perú debió realizar tras perder un arbitraje internacional por la cancelación del contrato del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. El procurador de la entidad, Amado Enco, exige que indemnicen al país con más de 9 millones de dólares por los costos derivados de este proceso.
El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que lleva más de diez años en ejecución y apenas un 33% de avance según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha estado marcado por retrasos, controversias y litigios que han incrementado significativamente el gasto público. Desde su adjudicación en 2014 al Consorcio Kuntur Wasi, la obra se ha visto envuelta en decisiones políticas que cambiaron drásticamente su rumbo.
Kuntur Wasi, conformado por Corporación América y Andino Investment Holding, obtuvo la concesión con una inversión prevista de 658 millones de dólares. Sin embargo, en 2017, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski resolvió de manera unilateral el contrato, decisión que motivó una demanda de la empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En 2024, el Ciadi falló a favor de la concesionaria y ordenó al Perú pagar más de 91 millones de dólares —unos 328 millones de soles— al determinar que la cancelación careció de justificación válida. Este fallo supuso un duro golpe para las arcas públicas, que ahora enfrenta un nuevo proceso legal para recuperar parte de ese desembolso.
EXFUNCIONARIOS IMPLICADOS
El procurador Enco ha solicitado al Poder Judicial que el exministro del MTC, Bruno Giuffra, el exministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros Küppers, y la exdirectora de Concesiones en Transportes, Rosa Nakagawa Morales, paguen solidariamente 9,3 millones de dólares. Ese monto corresponde a los honorarios y gastos legales en que incurrió el Estado durante el arbitraje internacional.
Según la demanda, los exfuncionarios firmaron el oficio que notificó a Kuntur Wasi la resolución “unilateral e irrevocable” del contrato, apenas tres meses después de haber suscrito la adenda 1 que garantizaba la continuidad del proyecto. Para la Contraloría, no se expusieron razones concretas que justificaran el “interés público” invocado, lo que configuraría una negligencia que derivó en pérdidas millonarias para el país.
Fuente: Perú21