Confiep y CGTP piden acuerdo con mineros artesanales y exigen acabar con minería ilegal

Ante la crisis desatada por las protestas de mineros informales y artesanales, la Confiep y la CGTP hicieron un llamado al Ejecutivo para que se llegue a acuerdos con los sectores en vías de formalización, pero al mismo tiempo exigieron una respuesta firme y diferenciada contra la minería ilegal. Jorge Zapata, presidente de la Confiep, y Luis Villanueva, secretario general de la CGTP, coincidieron en que se deben deponer actitudes extremas y evitar que las protestas sean capturadas por intereses particulares.

Las manifestaciones, que derivaron en bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía, han dejado hasta el momento un fallecido en Arequipa. Los mineros en protesta exigen la derogatoria del decreto que pone fin al proceso de formalización vía el Reinfo y piden la promulgación de una nueva ley para la pequeña minería. Como respuesta, el Gobierno ha anunciado que no retrocederá en el cierre del registro, aunque ha abierto una tregua de 24 horas para el diálogo.

Luis Villanueva advirtió que la minería informal no puede ser tratada como un fenómeno homogéneo. Dijo que existen miles de trabajadores en situación precaria que deben ser reconocidos y apoyados en su proceso de formalización, pero también señaló que hay actores ilegales que contaminan ríos, depredan bosques y generan economías criminales. “Es momento de tomar decisiones firmes: ayudar a los verdaderos mineros informales, pero enfrentar con dureza a la minería ilegal”, remarcó.

Por su parte, Jorge Zapata sostuvo que la minería ilegal mueve entre 8 mil y 12 mil millones de dólares al año, dinero que alimenta redes criminales y genera violencia. Criticó que este sector esté detrás de los bloqueos y actos violentos que vulneran el derecho al trabajo y al libre tránsito. “No se puede dialogar con quienes operan con maquinaria pesada, dragas y financian mafias. El diálogo debe ser con quienes realmente quieren formalizarse”, afirmó.

AVANZAR HACIA LA FORMALIDAD

Ambos representantes coincidieron en que el Estado debe diferenciar con claridad a los verdaderos mineros artesanales de aquellos que usan la protesta como fachada para actividades ilegales. Consideraron que el país enfrenta una encrucijada decisiva: avanzar hacia la formalización responsable de la minería pequeña o permitir que el crimen organizado siga expandiendo su poder económico y territorial.